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 Edición: Octubre 2014
   
 

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 

                Las reformas a la Constitución Federal (artículos 16 a 22, 73, 115 y 123) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el18 de junio de 2008, son esencialmente de índole penal, salvo aquellas relativas a la inclusión de los llamados medios alternativos de solución de controversias (por ejemplo, la mediación o el arbitraje), y de la elevación a rango constitucional de la defensoría “de oficio”, en su artículo 17.

 

         Sin embargo, encontramos dos reformas que inciden en materia fiscal:

 

         a) La reforma relativa a las órdenes de cateo, que “sin querer queriendo”, afectaron también a la materia administrativa, a pesar de que la parte correspondiente del artículo 16 quedó intacta (aparentemente), y

 

         b) La contenida en la última frase del primer párrafo del artículo 22.

 

         En relación con el inciso a), cabe señalar que la idea de la reforma constitucional, fue que las órdenes de cateo ya no requieran constar por escrito. Antes de la reforma, el texto establecía dos supuestos o requisitos: (i) sólo la autoridad judicial podrá expedirla, y (ii) debía ser escrita. Con la reforma, se elimina el requisito se que la orden sea escrita, lo que significa que podrá darse por cualquier medio, incluso oral. La Suprema Corte, había concluido que para que se satisficiera el requisito de ser escrita, debía ostentar la firma autógrafa del juez que la obsequiaba. A partir del 19 de junio de 2008, ya no es necesario, pues que la orden ostente la firma de puño y letra del juez que la expidió.

 

         Comprendemos que no es mala la reforma, ya que hará más expedita la labor de las autoridades que persiguen a los delincuentes, siempre con conocimiento y consentimiento previo de la autoridad judicial, aun cuando sea por fax, o incluso por “e-mail”. Sin embargo, la consideramos desafortunada, al no haber tomado en consideración el Poder Reformador, que con ello también se tocaba la parte relativa a las visitas domiciliarias ordenadas y practicadas por autoridades administrativas.

 

         El párrafo correspondiente del artículo 16 de la Constitución Federal a las visitas domiciliarias (párrafo undécimo) no fue modificado en su texto, ya que el actual párrafo décimo quinto es exactamente igual (salvo una errata anterior y una actualización: la palabra original “disposicioies” fue sustituida por “disposiciones”, y la palabra “prescriptas”, fue sustituida por “prescritas”). No obstante, y dado que sujeta a las autoridades administrativas que practiquen tales visitas, a las formalidades prescritas para los cateos, y al haberse eliminado como formalidad el que conste por escrito, provocará que las autoridades administrativas puedan alegar que constitucionalmente se encuentran facultadas para expedir órdenes de visita sin firma autógrafa, o sin que se encuentren por escrito. No es óbice para fundar tal temor el aludir a que las leyes fiscales exijan que sean por escrito, ya que antes de la reforma, tal requisito era de índole constitucional.

 

         Por otra parte, la reforma al primer párrafo del artículo 22, consiste en reconocer expresamente y en rango constitucional el principio de proporcionalidad o razonabilidad que debe regir entre la conducta infractora, el bien jurídico afectado y la pena establecida. En materia fiscal ello es relevante, ya que si bien es verdad que tal precepto es de carácter penal, también lo es que la Suprema Corte ha concluido que en materia fiscal se aplican los mismos principios constitucionales que haya en materia penal cuando se trate de sanciones. La trascendencia, pues, es que se dan mayores herramientas constitucionales a los contribuyentes que consideren injustas ciertas sanciones fiscales por no resultar proporcionales o razonables con la infracción que eventualmente se haya cometido.

 
   
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