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 Edición: Mayo 2014
   
 

DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES

 

            Todas las personas morales o físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes (RFC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) además de su certificado de firma electrónica avanzada (FIEL). Asimismo, dichas personas están obligadas a manifestar al RFC su domicilio fiscal, y en caso de cambio del mismo, deberán presentar el aviso correspondiente, dentro del mes siguiente al día en el que tenga lugar dicho cambio. En caso de que la autoridad esté ejerciendo sus facultades de comprobación (visita domiciliaria o revisión de escritorio, por ejemplo), y no se le haya notificado la resolución definitiva que determine las contribuciones omitidas, el contribuyente deberá dar el aviso de cambio de domicilio con cinco días de anticipación (art. 27 del Código Fiscal de la Federación -CFF‑), ya que de otra suerte, además de incurrir en sanciones por multas (arts. 81, fr. VI y 82, fr. VI)  pueden darse conductas que la ley estima delictivas (art. 110, fr. V CFF: 3 meses a 3 años de prisión).

 

         El domicilio fiscal es aquel que debe proporcionar todo contribuyente, sea persona física o moral, a las autoridades fiscales, a fin de que éstas tengan conocimiento de dónde se deben practicar todos los actos, diligencias y, sobre todo, para determinar la competencia de las diversas unidades administrativas de las diversas autoridades fiscales en dicha materia. Lo anterior se robustece por lo establecido en el artículo 18, fracción I, del CFF, en donde, toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá señalar, entre otros datos, el del “domicilio fiscal manifestado al registro federal de contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de la autoridad”.

 

         Ahora bien, de conformidad con el artículo 10 del CFF, en tratándose de personas morales residentes en México, se considera domicilio fiscal, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Ello en consonancia con lo establecido por el artículo 33, del Código Civil Federal (CCF), en cuanto a que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración, sin perjuicio del derecho para designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones (art. 34 CCF).

 

         En este contexto encontramos, pues que una persona moral tiene un domicilio fiscal que coincide con su domicilio en términos del CCF; sin embargo, existe también el llamado domicilio social, que en términos del artículo 6, fracción VII (“el domicilio de la sociedad”), de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), debe constar en sus estatutos, y que no se refiere a una dirección específica sino a la plaza en la que la sociedad tendrá su sede. Así, en los estatutos aparecerá el domicilio: “El domicilio de la sociedad será la ciudad de Guadalajara, Jalisco”, o bien “El domicilio de la sociedad será el área metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco”. En todo caso, debe cuidarse que los actos corporativos se celebren siempre en el domicilio social, aun cuando su domicilio fiscal pueda estar en otra plaza.

 

         En relación con el domicilio social, la Suprema Corte ha concluido que el domicilio de una sociedad es el que aparezca en su escritura constitutiva, aun cuando su administración se encuentre en otro lugar (Tercera Sala.- Octava Época.- Semanario Judicial de la Federación.- Tomo II Primera Parte, página 216); asimismo, concluyó la propia Tercera Sala, que las sociedades mercantiles no pueden legalmente tener dos domicilios sociales (Séptima Época.- Semanario Judicial de la Federación.- Cuarta Parte.- Volumen 27, página 59), desde luego, sin perjuicio de que puedan tener sucursales en otros lugares. Asimismo todo comerciante (las sociedades mercantiles lo son, a pesar de que no realicen actividades comerciales) debe inscribirse en el Registro de Comercio, y uno de los efectos de tal inscripción es hacer público el domicilio de la sociedad mercantil, y por tanto no puede alegarse ignorancia del domicilio de una sociedad registrada.

 

         Conforme lo anterior encontramos, pues, que las sociedades mercantiles pueden tener dos clases de domicilios: a) el domicilio social, que es el que se encuentra así señalado en su escritura constitutiva y es el que servirá para fijar la competencia de las autoridad (salvo las fiscales), así como para determinar la validez de los actos corporativos, y b) el domicilio civil o fiscal, que es aquél donde se encuentra su principal administración.

 

         Debe tenerse mucho cuidado al informar al RFC cuál es el domicilio fiscal, mismo que debe coincidir con aquel donde se halle establecida la principal administración de la sociedad, ya que de no hacerlo, el contribuyente se sitúa en al menos dos consecuencias: (i) por una parte, se le puede imponer la multa prevista en el art. 80, fr. I del CFF, en relación con la infracción prevista en el art. 79, fr. VI CFF, y que es aproximada entre $2,400 y $7,300, y, (ii) por otra parte, la autoridad fiscal puede, indistintamente, elegir cualquiera de los domicilios, tanto el de facto, como el señalado como domicilio fiscal (art. 27, CFF), lo cual redunda en incertidumbre para la contribuyente, causada por ella misma.

 

         Aunque sería ideal que coincidieran el domicilio social y el domicilio fiscal, esta coincidencia no es imprescindible, dado que pueden coexistir ambos domicilios en zonas diferentes. Ahora bien; el CFF señala que el domicilio fiscal debe coincidir donde esté la matriz de la persona moral, y que en caso de no corresponder el manifestado al RFC con aquel donde se halla su administración, el propio Código dispone que las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme al mencionado artículo 10 se considere su domicilio, indistintamente; es decir, la autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal de la contribuyente, aquel donde se encuentre establecida su administración, a pesar de que haya señalado otro como domicilio fiscal para efectos del RFC (artículos 10 y 27 del CFF).

 

         En razón de lo anterior, sugerimos que, en tratándose de personas morales, se tenga en cuenta dónde está establecida su principal administración y si ésta coincide con el señalado como domicilio fiscal ante las autoridades fiscales. Debemos insistir en que es diferente el domicilio social, que es el que consta en la escritura o póliza constitutiva o sus reformas, y el domicilio donde tenga su administración; no necesariamente deben coincidir ambos, y que no obstante ello, es conveniente que se encuentren en la misma plaza ambos.

 

El personal de Flores, Garibay, Moreno Padilla y Asociados, S.C. está a sus órdenes para los comentarios adicionales que al respecto se requieran.

 
   
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